Los comprobantes electrónicos deberán conservarse por un plazo de cinco años conforme con lo establecido en el artículo 109 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y sus reformas, independientemente de que los contribuyentes se encuentren obligados a enviarlos al Ministerio de Hacienda para su respectiva validación.

En el caso de Costa Rica, como en el de otros países, la adopción de la factura electrónica corresponden a la necesidad de atajar el fraude fiscal y mejorar los procesos de control sobre los impuestos y la recaudación; simplificar los trámites y automatizar procesos de supervisión.
La puesta en marcha de la facturación electrónica conlleva importantes beneficios para las empresas y entidades tanto públicas como privadas, en los siguientes aspectos:

• Ahorro de costos directos por la eliminación del papel, la impresión, el envío de las facturas y su almacenamiento.
• Automatización e integración en los procesos de recepción de las facturas. El origen electrónico del documento permite la integración automática en el
  sistema y, por tanto, su contabilización, dejando las facturas listas para su pago sin prácticamente intervención humana.
• Mayor eficiencia y eliminación de errores humanos, como consecuencia de la automatización y de un tratamiento plenamente integrado. Las facturas electrónicas pueden generarse y transmitirse automáticamente.
• Menores tiempos de entrega y cobro de facturas. La eficiencia de los procesos de emisión y recepción, la inmediatez de estos, y la práctica eliminación de errores en la generación y contabilización de facturas, contribuye a reducir los plazos de cobro de las facturas.
• Mayor seguridad. Con los sistemas de firma digital se garantiza la integridad, origen y autenticidad de estas facturas.
• Almacenamiento ágil, seguro y legal. Los documentos originales y firmados quedan resguardados durante, como mínimo, el tiempo que establece la legislación vigente. Esto disminuye los costes de almacenamiento y, además, facilita la consulta de las antiguas facturas.
• Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos gracias al almacenamiento seguro y la consulta digital de las facturas.

El CAByS constituye un catálogo que agrupa los bienes y servicios en categorías jerarquizadas, el cual deberá utilizarse al momento de emitir los comprobantes electrónicos.
El CAByS es un catálogo que contiene la clasificación de bienes y servicios, no las actividades económicas, por lo que se debe buscar el producto que comercializa o el servicio que presta, no la actividad económica que realiza, ni la profesión.

El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica ha establecido un procedimiento estándar para la clasificación de productos y servicios que se comercializan a nivel nacional a través de la creación del Catálogo de bienes y servicios CAByS. El catálogo CAByS agrupa los bienes y servicios en categorías jerarquizadas y asigna a cada uno de estos productos la tarifa de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que corresponda según la legislación vigente. De esta manera, los contribuyentes deben incluir en los comprobantes electrónicos, en el campo denominado “Código de Producto/Servicio”, el código de identificación para cada bien o servicio asignado en el Catálogo de bienes y servicios CAByS.

El Régimen de Tributación Simplificada constituye una opción de acceso voluntario y sencillo para que los pequeños contribuyentes cumplan con los deberes tributarios, simplificando sus obligaciones y su contabilidad.
Las personas físicas y jurídicas que realicen actividades comprendidas dentro del RTS, pueden elegir entre este o el régimen general y si ya se encuentra inscrito en el simplificado, puede solicitar el cambio al general en el momento que desee, no obstante, surtirá efecto a partir del día siguiente a aquel que termine el período trimestral del Régimen de Tributación Simplificada en curso.

Este Régimen es solo para este grupo de contribuyentes, de acceso voluntario y quienes deseen optar por él deben cumplir con los siguientes requisitos:

• La actividad del negocio debe estar dentro del listado de actividades autorizadas por la Administración Tributaria para este régimen.
• El número de personas que operan el negocio, debe ser menor a cinco, incluyendo al contribuyente.
• Las compras anuales con IVA incluido, deben ser iguales o menores a 150 salarios base (¢69.330.000 para el periodo 2021).
• Se debe contar con un único establecimiento abierto al público (no franquicia).
• El valor de los activos fijos no debe superar los 350 salarios base (¢161.770.000).

El contribuyente de este régimen podrá optar, de manera voluntaria y exclusiva, por la emisión de comprobantes electrónicos, utilizando para ello la figura de emisor receptor no confirmante, conforme a lo establecido en el Reglamento de Comprobantes Electrónicos. Consulte por nuestro plan para régimen simplificado.